La vacuna sin patente de Helsinki

Hombre preparando una jeringa de la vacuna sin patente de Helsinki

El Linux de las vacunas.

Desde el pasado mes de mayo, la Universidad finlandesa de Helsinki tenía a punto una vacuna sin patente para la Covid-19. Se trata de un sencillo spray nasal, de fácil distribución y aplicación. Esto habría permitido a los países de todo el mundo vacunar a sus poblaciones rápidamente y a un coste muy bajo. Desgraciadamente, el gobierno de Finlandia, se negó a dar una subvención de 50 millones. Por ello, sus creadores no pudieron efectuar los ensayos de la fase 3. Prefirió ponerse del lado de la gran industria farmacéutica, la llamada Big Farma. Esa que incluye a Moderna, la que, por ejemplo, recibió 2.500 del gobierno de los EE.UU. Esto demuestra que el modelo de financiación pública basado en patentes antepone los beneficios económicos a la salud pública.

La deriva mercantilista

El caso de Finlandia de dar la espalda a una vacuna sin patente, es solo es un ejemplo más. Es otro caso de la deriva mercantilista de los gobernantes. Rechazaron el potencial de una investigación libre de propiedad intelectual. Prefirieren apoyar a las grandes compañías privadas, sean del sector que sean. Por mucho que digan, en el fondo esos gobernantes no creen en el potencial del bien común. Tampoco lo creen en temas de salud pública ni en los tecnológicos, digitales, energéticos o educativos. Son incapaces tan siquiera de concebirlo en su imaginación. Para invertir esta tendencia se necesitarían muchos gobiernos capaces de creer en los beneficios de la res publica. Esta expresión latina vincula los conceptos actuales de sector público y Estado con el concepto tradicional de bien común.

Como los cangrejos

Pero, en vez de ir adelante, vamos hacia atrás. Por ejemplo, viendo la negativa de muchas administraciones públicas a promover y utilizar en sus redes ofimáticas software libre de licencias, como el Linux finlandés; o constatando su inoperancia para regular a las grandes compañías digitales, las que mercantilizan nuestros datos. Seria mejor recopilarlos y usarlos en lo público, debidamente fraccionados y anonimizados. Lo que les permitiría tomar decisiones políticas objetivas, basadas en datos reales y no en intuiciones subjetivas.

En conclusión, son los políticos con responsabilidad de gobierno los que deben demostrar su voluntad de legislar a favor del bien común. Estudiando y proponiendo medidas legislativas que limiten el ánimo de lucro. Tanto en el negocio de las patentes, como en tantos otros. Por ejemplo, en el de la biopiratería, los paraísos fiscales, la soberanía alimentaria, de las comunicaciones y de la energía. Todos ellos sectores estratégicos para el bienestar, que de ser tratados como res pública, mejorarían nuestras vidas notablemente. Como lo habría hecho la vacuna finlandesa libre de patentes.

Esta es la versión en castellano del articulo original publicado en el Diari d’Andorra